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Los fantasmas del 2005 | Por Fernando Javier Delgado

10/10/2017 1:18 PM

Fernando Javier Delgado

Fernando Javier Delgado Rivas, abogado en ejercicio egresado de la Universidad Central de Venezuela, actualmente cursando la especialización en Derecho Administrativo. En twitter es: @FernandoCaracas

Cada vez que surge en Venezuela el debate o dilema sobre votar o no votar, casi la totalidad de las veces se recuerda el evento de las infames elecciones parlamentarias del año 2005, aquellas en las que la unidad de los partidos opositores acordó abstenerse de participar, alegando razones de desconfianza en el Consejo Nacional Electoral de aquel entonces, y como un intento de deslegitimación del ropaje democrático e institucional del chavismo.

Son quienes promueven el sufragio como el arma más eficaz de lucha política (y no pocas veces la única), los que con mayor vehemencia utilizan el argumento que producto de esa abstención, el chavismo logró avanzar desmesuradamente y hacerse con el control total del aparato estatal, haciendo ver como si este hecho aisladamente fue el peor error cometido por la unidad opositora, del cual según ellos aún estamos “pagando” sus consecuencias.

Pero, ¿Realmente fue este el peor error cometido por la oposición?, ¿Cuál fue el contrapeso o no que pudo haber ejercido realmente esta fuerza política en la Asamblea Nacional, tanto en este periodo particular como en el anterior y posterior? ¿Cuáles fueron verdaderamente los momentos claves en los que se puede decir que el chavismo consolidó su hegemonía totalitaria? La pertinencia de estas preguntas es hoy en día muy vigente, no solamente por la cercanía de otro proceso electoral muy cuestionado, sino por la grave crisis política de los últimos dos años producto de la disolución de facto de la rama legislativa del Poder Público Nacional.

Primero hay que posicionarse en aquel momento, el año 2005 vino después de la dolorosa derrota del referendo revocatorio de 2004, celebrado en la fecha límite para que pudiese operar la elección presidencial a los 30 días, y no la opción que el Vicepresidente terminara los últimos dos (2) años del periodo constitucional. Este proceso electoral fue el cierre de un periodo de crisis política que se inició con el paquete de leyes dictada en el marco de una ley habilitante a finales de 2001, pasando por el oscuro episodio de abril de 2002, una huelga petrolera y posteriormente el proceso de diálogo y negociación auspiciado por la OEA y otros actores internacionales. Durante este periodo, dos hechos resaltan de cara a las respuestas que buscamos: 1) La oposición contaba con una respetable presencia en la Asamblea Nacional, que evitó al gobierno hacerse con las 2/3 partes de mayoría calificada y 2) De acuerdo a las encuestas de la época el chavismo no contaba (con la excepción de mediados de 2004) con la suficiente mayoría electoral para arriesgarse a participar en un proceso que significase su desplazamiento del poder. En este contexto, y salvo algunas excepciones que fueron rápidamente resueltas por el propio chavismo, éste nunca llegó a perder el control de los órganos estatales con real poder de decisión, que se había asegurado originalmente en el año 2000, luego de promulgada la novísima constitución de 1999. Es innegable que ni el Consejo Nacional Electoral, ni el Sistema Judicial (ni hablar del “poder ciudadano”) lograron funcionar como dique de protección frente a la avanzada del proyecto rojo, cada vez que lo intentaron, siempre eran suprimidos en un futuro por poderes superiores, inteligentemente diseñados para ello y que por ende fueron (y lo siguen siendo) objeto de la más alta prioridad en los designios y esquemas de control de la hegemonía totalitaria chavista.

Menor resistencia aún supuso la minoría opositora presente en la Asamblea Nacional para aquel momento (2000-2005), más allá de presentar quizás una molestia, retraso o escollo para algunos proyectos de Ley Orgánica, o nombramientos de autoridades de otras ramas del Poder Público, el gobierno siempre se aseguró que entre el nuevo aparataje implantado desde el 2000, otra instancia “superior” contara siempre con la última palabra, una instancia por supuesto mucho más fácil de dominar.

Varios episodios acontecidos a lo largo de esta época considero que demuestran fehacientemente esta visión, y también constituyeron verdaderamente los “espacios” que se perdieron frente al chavismo, no solo de parte de la misma oposición, sino también de la comunidad internacional, y de los cuales sí creo hoy en día seguimos pagando sus consecuencias.

De entre estos episodios, podemos resaltar, por su importancia, la supresión arbitraria del referendo consultivo solicitado por la oposición a finales de 2002, el inconstitucional e igualmente arbitrario nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral en el 2003 y como cerrojo de todo este plan de control total, la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en 2004. Sin ánimos de sonar repetitivo, vale acotar nuevamente que todos estos eventos se dieron con una respetable presencia de diputados opositores en la Asamblea Nacional.

El referendo consultivo, fue una iniciativa de la oposición, cuyos partidos políticos del momento (principalmente Primero Justicia), recogieron y presentaron ante el CNE el 4 de noviembre de 2002, más de dos millones de firmas para activar dicho mecanismo electoral, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. La mencionada solicitud obtuvo una respuesta adecuada por parte de los Rectores del CNE de ese momento, llegando de hecho a establecerse el 2 de febrero de 2003 como fecha para la realización del mismo. El referendo preguntaría a los venezolanos si deseaban que el Presidente de la República renunciara a su mandato o no. Por su puesto Chávez, exhibiendo una de sus típicas facetas, la del desconocimiento total del Estado Derecho y los más básicos principios democráticos, rechazó de plano esta posibilidad, llegando inclusive a afirmar que “Ni que obtengan el 90% de los votos yo voy a renunciar” En una primera oportunidad, el Tribunal Supremo no objetó la convocatoria del Referendo, pero como era de esperarse, finalmente y, a total conveniencia del gobierno, la todopoderosa Sala Constitucional mediante sentencia de fecha 22 de enero de 2003 ordena al CNE abstenerse de realizar cualquier proceso electoral, “matando” así esta salida electoral a la crisis política. Todo esto sucede en el marco del fin, por desgaste, de la huelga general indefinida convocada por la oposición. Surge entonces victorioso el chavismo y, ni los diputados en la Asamblea Nacional ni el CNE logran revertir en forma alguna los efectos de esta jugada.

Luego, ya entrado el año 2003 y en el marco de la solicitud de ahora un referendo revocatorio, la diatriba se enfocó en el nombramiento de unos nuevos rectores del CNE (punto de honor para el chavismo), en el contexto de una mesa de negociación entre gobierno y oposición, con el Secretario General de la OEA Cesar Gaviria, como principal mediador, entre otros. Debido a que ninguna de las dos partes lograba llegar a un acuerdo para la designación de los rectores, en el seno de la Asamblea Nacional, al final la oposición (queriendo agilizar el proceso) optaría por acordar la opción de delegar dicho nombramiento en la Sala Constitucional del TSJ. Recodemos que la directiva nombrada en esa ocasión, estuvo conformada, entro otros, por nada más y nada menos que personajes como Jorge Rodríguez y Francisco Carrasquero (el supuestamente quinto “imparcial” que nunca lo fue), ¿no podría ser considerada esta movida como un error de cálculo fatal de la oposición? Los hechos posteriores en mi opinión así lo demuestran, como lo fue el tortuoso y largo camino al Referendo Revocatorio de 2004, lleno de trabas y obstáculos mal intencionados y absurdos, como por ejemplo las llamadas “firmas planas”. En esta otra fase, la Sala Constitucional no abandonaría tampoco su siempre estelar actuación de “última palabra”, encargándose de suprimir las decisiones de la Sala Electoral (contrarias a los obstáculos absurdos del CNE “imparcial”) y en definitiva lo poco que quedaba de apego a la legalidad en el más alto Tribunal del País.

Como guinda de la torta, vino la promulgación de la triste Ley Orgánica del Tribunal Supremo de mayo del 2004, lograda por la mayoría simple del chavismo en la Asamblea Nacional, a través de una jugarreta, que no resiste ni el más mínimo análisis de constitucionalidad, en la cual aprobaron modificar el Reglamento Interno y de Debates para saltarse el obstáculo de tener que contar con las 2/3 del parlamento, para la sanción de leyes orgánicas. Con esta Ley ya el oficialismo se había asegurado definitivamente y sin ninguna duda, el control total de todas las ramas del Poder Público. La separación de poderes, el Estado de Derecho y la Democracia liberal habían pasado al retiro en Venezuela. Nuevamente, ¿Qué fue lo que evitamos entonces con haber tenido presencia de diputados opositores en esa época?, ¿No es más que evidente que el gobierno logró avanzar arrolladoramente sin importa los “espacios” con los que contaba la oposición? De un análisis superficial, uno pudiera pensar que la oposición y la comunidad internacional (representada por los mediadores en el proceso de negociación), deliberadamente, y sin actuar de mala fe, cedieron muchas veces ante la arbitrariedad del régimen, con miras a simplemente allanar el camino para la ansiada solución electoral, mientras que el gobierno blindaba su control institucional, recobraba poder económico y ganaba tiempo.

Lo que vino después es historia harto conocida, una vez Chávez conto con el control total de todos los Poderes Públicos, una montaña de recursos producto de los aumentos del precio del petróleo y, habiendo ganando todo el tiempo posible, no tuvo dificultad en salir ratificado en el referendo de agosto de 2004. La oposición se vino completamente abajo entre frustraciones y acusaciones de fraude que nunca llegaron a ningún lado. Como resultado de ello, la gran mayoría de sus simpatizantes perdieron casi la totalidad de su confianza en las instituciones públicas, pero muy especialmente en la electoral, con toda justificación.

En este clima de desesperanza y total desánimo por parte de los opositores, se celebrarían las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre de 2004, en las cuales el oficialismo arrasó, aunque la abstención escaló al 54.27%, las denuncias de fraude e imparcialidad del árbitro electoral afloraron de nuevo. Las siguientes elecciones pautadas eran las parlamentarias de 2005, para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional del periodo 2005-2010, aquí es donde el liderazgo opositor motivado por el abrumador y contundente rechazo al CNE, de parte de la mayoría de sus partidarios, decide no participar. Curiosamente uno de los mayores promotores de esta postura fue Henry Ramos Allup, quien con total lógica la defendió y mantuvo hasta las elecciones presidenciales de 2006, en las que AD no participó tampoco. La idea era demostrar una mayoría que rechazara tanto al CNE como al gobierno, reflejadas en las cifras de abstención, y vaya que se demostró con un porcentaje del 75%. Pero al final no quedo sino en eso, no se hizo más nada (¿otro error?), y poco o nada se debilitó la imagen internacional del chavismo, que ya se había encargado de realizar la mayor propaganda política en el extranjero que el país haya conocido.

Pasado un tiempo, la abstención opositora del 2005, comenzó a ser vendida por todo tipo de actores políticos y comunicacionales como el peor error jamás cometido por la oposición venezolana, el argumento principal era y sigue siendo que como consecuencia de haber abandonado ese “espacio” el gobierno pudo hacerse con el control de todas las instituciones del Estado y aprobar todas las leyes sin resistencia alguna. Pero luego de haber repasado todos los hechos que ocurrieron precisamente cuando ésta contó con presencia en la Asamblea Nacional en el periodo anterior, es claro que ya esto había sucedido y en NADA tuvo que ver que se participara o no en esas elecciones, de las cuales no había ni siquiera la más mínima garantía, y/o pronóstico de que la oposición se hiciese con la mayoría.

No obstante, hasta el día de hoy esos fantasmas del 2005 nos siguen persiguiendo, apareciendo cada vez que surge el dilema, repetitivo ya, de votar o no votar. Pareciera que gran parte del debate se reduce a este evento, al cual políticos y periodistas por igual siguen achacando, sin mayor explicación, todo el origen del estado actual de las instituciones, cuando más bien los hechos demuestran que el control total del CNE y TSJ por parte del chavismo se logró antes que eso, y que además se lograron aprobar leyes pasando por encima de la Constitución y en total desprecio a los diputados opositores del periodo 2000-2005, evidentemente eso “espacios” no fueron el factor clave. Tal como lo indica Miguel Ángel Martínez Meucci en su obra “Apaciguamiento”, el apoderamiento total del chavismo pudiera más bien tener su origen en la tácticas de retirada o de cesión de la oposición frente a éste, en conjunto con los mediadores de la comunidad internacional, así como también en haber dejado pasar sucesos tan graves e inconcebibles en cualquier democracia con un mínimo de Estado de Derecho, como lo fue la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004.

Con esto no pretendo tratar de convencer a personas para que participen o no en las próximas elecciones de gobernadores. Por el contrario, lo que busco es primero, demostrar la falsedad del argumento del “peor error” del 2005 y segundo exigir de nuestros políticos y opinadores de oficio, razonamientos lógicos, más convincentes y concordantes con nuestra realidad política, para motivarnos a ejercer el derecho al sufragio nuevamente. Si bien es necesario participar, para demostrar presencia, fortaleza y unidad opositora, no menos cierto es que de nada sirve tomar posesión de unos cargos, sin contar con ningún tipo de estrategia y mensaje comunicacional a los opositores de base sobre que más se hará para afrontar el proyecto totalitario que nos gobierna sin control alguno, ¿es que acaso vamos a seguir conquistando “espacios” que han sido disueltos de facto como la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015?

La situación es mucho más compleja entonces de lo que a veces nos quieren hacer ver, por lo que se requiere también de la permanente reflexión acerca del qué hacer en estos tiempos. No es un simple votar o no votar, ni una invocación permanente de fantasmas del pasado, que no logran sino distorsionar la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando.