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Los peligros de una pretendida Corte Celestial | Por Fernando Javier Delgado

09/04/2018 7:14 AM

Fernando Javier Delgado

Fernando Javier Delgado Rivas, abogado en ejercicio egresado de la Universidad Central de Venezuela, actualmente cursando la especialización en Derecho Administrativo. En twitter es: @FernandoCaracas

Una de las características mas esenciales a todo sistema de derecho u ordenamiento jurídico con un mínimo de lógica o siquiera utilidad, es aquella de la seguridad jurídica, o en términos más llanos, la estabilidad. Se ha hablado siempre de la necesidad de que las normas jurídicas, sino pueden ser de un carácter inmutable o perpetuo, al menos cuenten con cierta estabilidad en el tiempo, la cual pueda aportar una mínima certidumbre que le permita a los individuos de una sociedad saber como actuar ante determinadas situaciones, sin tener que depender de la voluntad o arbitrio del poder de otro individuo o grupo determinando en cada momento. Muy difícilmente podremos hablar de derecho o leyes si nos encontramos con preceptos que no se encuentren respaldados por ningún tipo de estabilidad, o que no sean de un carácter abstracto o general, que es otra de las características mas esenciales de toda norma jurídica.

En vista de esa característica, a lo largo de la historia distintos ordenamientos jurídicos se han venido dotando de ciertas figuras o categorías superiores de normas, así como también de instituciones estatales, cuyo fin es, entre otros, el de lograr la seguridad jurídica en la aplicación de sus normas, evitando así que cualquier legislador u otra rama del poder público en particular puedan fácilmente moldearlas en cualquier momento, lo cual pudiese devenir en un abuso o desviación de poder.

Como respuesta a esa necesidad de limitantes al arbitrio y discreción sin límites de los legisladores en particular, nacen las constituciones, con las diferencias que existen en cada país dependiendo de si pertenecen al sistema del derecho continental o el “common law”1. Las constituciones o normas fundamentales son básicamente, entre otras cosas, la base reguladora de toda ley, lo cual implica que tanto el procedimiento de creación, como el contenido de éstas debe ajustarse a lo establecido en esta fuente primaria, la cual, en teoría, representa la voluntad del poder constituyente originario en ejercicio de la soberanía popular2, que es lo que en la mayoría de los casos se afirma en los países que se pretenden dar un sistema de gobierno democrático.

Así pues, en una república democrática liberal moderna, la constitución establece normas relativamente permanentes (muy difícil de ser modificadas) que en general constituyen las bases para que el sistema de gobierno que se ha pretendido instaurar se mantenga así en el tiempo, garantizado los principios de legalidad, responsabilidad del Estado y separación orgánica de las distintas ramas o funciones del poder público (legislativa, ejecutiva y judicial). Bajo esta premisa, el fin de cada uno de los órganos del poder público es legislar, ejecutar, y decir el derecho aplicable en cada caso (juzgar), actuando siempre apegados a la constitución. En especial los órganos de la rama judicial, deberán interpretar las normas (incluida la constitución) para cada caso concreto que les toque juzgar.

Ahora bien, en los últimos tiempos ha surgido una nueva modalidad de ejercer el control de la constitucionalidad, que se le ha querido otorgar a determinados órganos jurisdiccionales de la rama judicial en algunos ordenamientos jurídicos. Se les ha denominado a estos novedosos órganos como “tribunales constitucionales”, a los cuales se les ha dado la posibilidad, no solamente de ejercer exclusiva y separadamente del tribunal o corte suprema en pleno, el control concentrado de la constitucionalidad, sino también en algunos casos, la de interpretar autónomamente el texto constitucional, bastando únicamente la solicitud hecha por cualquier particular3; así como también la de revisar cualquier sentencia definitivamente firme de cualquier juzgado o tribunal, lo cual es un hecho al menos en Venezuela.

Ello, así lo consideramos, ha sido entonces la llave al fin de la constitución como límite a la arbitrariedad y discreción sin límites del poder, peor aún, a la posibilidad de la derogación de facto del texto constitucional, en tanto que varias de sus principales utilidades, entre ellas la garantía de seguridad jurídica, generalidad y abstracción de la ley, desaparecen desde el momento en que una pretendida corte celestial todopoderosa (en nuestro caso la infame sala (in)constitucional) puede a placer arrogarse la interpretación en la forma que le plazca de cualquier artículo de la norma fundamental, aunado al hecho que también podrán revisar cualquier decisión judicial definitivamente firme, que haya alcanzado tal categoría conforme la legislación adjetiva correspondiente (¿desaparece o se desnaturaliza la cosa juzgada?).

Cualquiera podría corregirme y decir que cualquier órgano jurisdiccional de alta jerarquía de un país normal se supone autónomo y no controlado por el poder político, y que en definitiva todo depende del ejecutor (o intérprete en este caso) de la norma y no de la norma en sí misma, a los que les respondería que ya solamente el hecho de que la norma constitucional otorgue la posibilidad de que unos pocos individuos (más fácilmente controlables por un gobierno poderoso) reunidos en una sala (y nótese que no la corte en pleno) de la máxima corte de un país o tribunal constitucional, cuenten con el tan alto y supremo poder de ejercer una jurisdicción constitucional de tales características, es ya una ventana abierta de par en par a los peligros que he mencionado mas arriba.

Entre nosotros, esos peligros no solo se consumaron, sino que creemos fueron precisamente uno de los objetivos trazados alevosamente por el proyecto chavista cuando se propuso cambiar la constitución de 1961 por una que les permitiese abrir las ventanas para poder hacer uso del derecho como herramienta para llevar a cabo sus fines políticos. En otras palabras, previendo que fallaría en algún momento el plan de controlar políticamente todos los jueces del país, o inclusive otra rama del poder público nacional como hemos visto en la actualidad con el caso de la Asamblea Nacional opositora, al régimen solo le bastaría con controlar a los pocos magistrados de la novedosa y omnipotente sala constitucional para bloquear cualquier tipo de contrapeso que pueda interferir con sus planes de poder absoluto y totalitario, sin dejar de contar con una fachada de supuesta legalidad.

Para la tiranía que domina Venezuela hoy en día, el derecho no cumple los fines que son enseñados en las escuelas de derecho, sino que, por el contrario, es simplemente un medio para alcanzar los objetivos que se presenten en cada momento. Por ello se convierte en algo totalmente moldeable que se adapta a conveniencia de ésta, una norma que les convenga hoy, no les convendrá mañana y para garantizar esa forma de actuar cuentan con su corte celestial que bien puede, o “interpretar” la constitución para darle el significado que sea de su conveniencia4, aun yendo en contra del propio texto, o directamente legislar y desaplicar el texto de cualquier ley vigente, apoyándose en su tan mentada labor de máximo intérprete y garante constitucional. Pero no se detienen ahí, sino que además pueden revertir cualquier otra decisión firme de cualquier otro tribunal, incluidas aquellas de la sala plena del Tribunal Supremo, lo que es totalmente absurdo pues no se entiende como un grupo de siete magistrados pueden contravenir lo que disponen un grupo de treinta y dos.

Pero, ¿y qué decir de las experiencias en otros países sobre estos tribunales constitucionales?, la verdad no conocemos que se hayan configurado abusos tan graves y descarados como los que se han visto en Venezuela, pero de todas formas mantenemos nuestra convicción de que la figura no es del todo compatible con la visión de un Estado de Derecho y todo lo que ello implica, como lo sería, entre otras cosas, la estabilidad del imperio de la ley y la correlativa seguridad jurídica. El hecho que se pretenda constituir un tribunal o corte especial, de manera separada del tribunal o corte suprema, para ejercer concentradamente el control de la constitucionalidad, lo coloca en una especie de cúspide incuestionable de la rama judicial. Simplemente no parece conveniente que se le pretenda otorgar unos poderes tan inmensos a un grupo de personas, por más calificadas que puedan ser. Si no, ¿De qué sirve la norma constitucional como límite al legislador, si existe a la vez un órgano superior que puede decir lo que sea sobre ésta?, en otras palabras, ¿Quién controla al tribunal constitucional? Muy distinto es, que un máximo tribunal en pleno pueda declarar la inconstitucionalidad de determinada ley, interpretarla cuando su mismo texto lo permita, e inclusive desaplicarla para determinados casos, como lo era en la anterior constitución de 1961. Pero que un órgano jurisdiccional pueda interpretar cualquier artículo de la constitución en todo momento, y que además esa interpretación sea de carácter vinculante, pudiendo fácil, aunque fraudulentamente, reescribirla a placer, constituye no otra cosa que un poder absoluto sin límites y en definitiva una dictadura.

Así, en Venezuela hemos llegado al trágico, pero previsible momento en que, quien controle la pretendida corte celestial, controla absolutamente el país, haciendo de la constitución letra muerta, del derecho algo meramente utilitario, y de la democracia y las libertades unos recuerdos cada vez mas lejanos.

1 Sistema de Derecho aplicado en Inglaterra y el resto de los países de influencia británica.

2 Desde la perspectiva de las democracias modernas, las constituciones no pueden tener otro origen distinto al de la soberanía popular actuando como poder constituyente, es decir, a la colectividad expresándose a través del sufragio universal para designar a los representantes que habrán de dictar la constitución, al menos en el caso de las constituciones escritas.

Al respecto, véase la Sentencia de la Sala Constitucional: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/1077-220900-00-1289.HTM

4 Si bien es cierto que esa facultad de interpretar el texto constitucional, sin cualquier otra motivación que por la interpretación misma para supuestamente esclarecer el significado de algún articulo o artículos en especial, no aparece expresamente establecida en la misma constitución vigente, no es menos cierto tampoco que la ambigüedad de muchos de sus preceptos, en especial los relacionados a las funciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, facilitan la laxa interpretación para que los Magistrados chavistas llegasen a establecer por vía jurisprudencial el “recurso de interpretación constitucional” en el año 2000.